Proceso constituyente y cultura de la tortura
es un artículo del economista y periodista Karlo Ravelli publicado en el GARA del 19 de junio de 1999

Proceso constituyente y cultura de la tortura

Karlo Raveli. Economista y periodista

Tenemos que admitir que el inevitable fenómeno constituyente, que de alguna manera ya está en marcha, no se tiene que referir simplemente a la redacción de una Carta Magna del Estado vasco, o Estado navarro, sino más bien, o ante todo, a la recomposición real y progresiva de la unidad territorial y a la formación de una sólida comunidad nacional, social y cultural. Es a este incipiente proceso de constitución, socialmente entendido, al que me refiero. Al menos, me parece que es el que más nos tendría que interesar inmediatamente, ahora, más que una tampoco muy lejana "Carta Magna" de la República o de la Confederación de Euskal Herria.

De ahí que, en nuestra situación, nos tendríamos que plantear todos los graves problemas de la sociedad vasca desde una perspectiva "constituyente". Todo lo que nos afecta como pueblo tendría que entrar a formar parte de las preocupaciones de construcción de la nueva Euskal Herria. Y es aquí donde entiendo que cuantos hemos padecido la experiencia de la tortura, esa espantosa y sistemática expresión de la brutalidad huma- na, tendríamos que resituar el problema en relación al proceso general en el que estamos inmersos.

La tortura no es simplemente un asunto de policías españoles contra víctimas vascas. Ahora menos que nunca. La existencia de una sofisticada estructura criminal ­aunque esté localizada en la capital de uno de los dos estados extranjeros que nos "administran" todavía, con centro en un tribunal especial como la Audiencia Nacional­, así como la existencia de unas diferentes "opiniones públicas" sobre la tortura, o la evidencia de una enorme red de complicidades extendida también en estamentos sociales vascos, no puede ser asumida como algo casi tolerable, transitorio y secundario, en este profundo proceso de formación nacional.

Hemos funcionado demasiado tiempo bajo el totalitarismo del miedo y la reducción de la tortura al menester de unos "txakurras" ejecutores materiales, escamoteando la grave realidad de que estamos en presencia de una gran maquinaria, con muchos engranajes y complicidades sociales. Empezando por el papel infame de la mayoría de los medios de difusión que se han impuesto en nuestro país.

Hemos sido en exceso respetuosos con la "ambivalencia" del tabú del "Derecho" y del "Estado de Derecho", que admite al mismo tiempo la existencia de una justicia, al parecer moderna, y, paralelamente, de una judicatura de excepción que asume y utiliza la práctica sistemática de la tortura. De manera semejante a como sucede en el campo del Derecho Internacional, cuando se manifiesta la barbarie imperialista por encima de las mismas leyes que proclaman defender.

No se trata sólo de una cuestión que concierne a algunos miles de ciudadanos vascos, que hemos sufrido directamente una práctica humanamente monstruosa. Es un tema que toda la sociedad tiene que reconocer como fenómeno social, como mecanismo normalizado del régimen parlamentario ­español en este caso­, para poder enfrentarnos honestamente, abiertamente, a la constitución de una sociedad democrática, más libre y éticamente asumible.

Hace tan solo 60 años, en Alemania había colectivos, personas y sectores sociales que ignoraban activa o pasivamente la existencia del exterminio masivo planificado. Aceptar que entre los que queremos constituir una nueva, diferente y mejor "república" existan medios públicos, colectivos y hasta secto- res sociales que hayan admitido y admitan que no existe la tortura, o que "ETA tortura como los demás", o que la tortura es una excepción y un subproducto tangencial del Derecho y del supuesto Estado de Derecho español, sería construir un proceso democrático sobre arenas movedizas. Y no se trata, por supuesto, de una simple cuestión política e ideológica, sino fundamentalmente social, cultural y ética.

Los que nos reconocemos en lo que llaman "izquierda abertzale", no podemos seguir ignorando la profunda realidad y las consecuencias sociales y culturales de la tortura. Habrá que empezar por reducir el papel de la Guardia Civil al de principal ejecutor material de la tortura sistemática, para luego apuntar más allá, donde se encuentran los responsables: aparatos políticos e institucionales, profesionales de la cultura, del arte, de la difusión de información y de la enseñanza (del Derecho, de la Teoría del Estado y de la Filosofía del Derecho, de la Etica), así como grandes empresas dedicadas al barnizado intelectual y moral de la juventud, como es el caso de la Iglesia. Y, por supuesto habrá que apuntar (con el dedo, la letra, la palabra...) hacia esa judicatura e infraestructura del Derecho, que encubre y armoniza legalmente todo el terror sistemático de la tortura de Estado. Una judicatura de carne y huesos, delincuentes en gran parte forma- dos y entrenados por una dictadura, como los "jueces" que nosotros hemos tenido la desgracia de conocer en Madrid.

Creo que podríamos reflexionar sobre la importancia de aportar algún tipo de posibilidad de redención social de esa lacra, en el marco de lo que hemos llamado un proceso constituyente ya en marcha. Vaya en ese sentido mi propuesta de creación de un Tribunal Popular de la Verdad, sin jueces, sin leyes y sin condenas, que podría servir como lugar de debate y encuentro público periódico, abierto a todos los vascos que se hayan quedado hasta ahora pasivos frente a la tortura. Allí los torturados, los miles de torturados de este pueblo, podríamos plantear públicamente nuestras reflexiones, experiencias, dilemas y sufrimientos a todos aquellos que, de una forma honesta, quisieran acercarse a conocer la parte de la historia de su pueblo que con más empeño se ha querido ocultar. Serviría para no llevarnos encerrado en nuestra historia, o en nuestro subconsciente colectivo, un peso indigno, una marca obscena, ahora que queremos empezar un nuevo capítulo de la lucha por la libertad.

A los españoles les podríamos aconsejar que completaran su transición borbónica desmantelando de forma definitiva a la Guardia Civil y depurando a la judicatura. Pero para Euskal Herria tendríamos que pedir algo más: una reflexión social, abierta y generosa, para que nadie se dirija con rencor hacia el nuevo proyecto, y para que éste no nazca tocado por una suciedad que ninguna nueva Ley, ninguna Institución y ningún libro de historia podrá ocultar u olvidar.

¡No nos conformemos con echar de aquí a la última rueda de la maquinaria: los ejecutores materiales!